Identidad y Derechos

 En América Latina, a diferencia de otras regiones, el Estado prevé que cada ciudadana o ciudadano acceda a un documento nacional que da fe de esa identidad. Ese documento, a lo largo de las décadas, se ha convertido en un pasaporte que facilita el acceso a derechos y servicios básicos. El reconocimiento de la identidad por parte del Estado garantiza a los habitantes el ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la inscripción en el registro civil, a las relaciones familiares. Por lo tanto, no es casual que su carencia esté tan estrechamente vinculada con la exclusión social.

La ausencia de dicho reconocimiento, implica que la persona no cuenta con constancia legal de su existencia, con la consiguiente dificultad para poder ejercer plenamente, sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; además no tiene acceso a su participación como ciudadano, en contraposición a lo consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana entre otras.

A fin buscar soluciones y prácticas comunes tendientes a asegurar el pleno reconocimiento del derecho a la identidad de todos los habitantes de la región latinoamericana y eliminar la falta de registro de nacimiento, la Organización de Estados Americanos aprobó, en su cuarta sesión plenaria, celebrada el 3 de junio de 2008, la Resolución 2362 sobre “Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y Derecho a la Identidad”.

En dicha reunión los Estados coincidieron en la necesidad de adoptar medidas orientadas a asegurar el pleno reconocimiento de este derecho, y se estableció como meta para el año 2015 alcanzar el registro de nacimiento gratuito, universal y oportuno de todos los niños y niñas de la región. Se dispuso además, acercar soluciones a aquellos que no estén adecuadamente registrados y se establecen principios para la elaboración de planes de acción regionales y nacionales, teniendo en cuenta la adecuación tecnológica y cultural de los sistemas registrales.

Poder Ciudadano mediante la elaboración de una metodología de medición y un estudio in situ sobre el grado de cumplimiento de los estándares de la OEA, relevará las mejores prácticas de registro, identificación y documentación, en al menos ocho países de la región. Los resultados serán difundidos entre actores gubernamentales y no gubernamentales. Su difusión permitirá crear conciencia sobre la importancia de contar con sistemas eficientes de documentación, para reducir la exclusión de la que son objeto las personas no documentadas. Se espera que este insumo sea utilizado para la reforma y el fortalecimiento de las políticas públicas en la materia y que aporte una mirada innovadora a esta problemática.

 Informe Regional Final